El Sindicato Empleados de Comercio de Capital Federal manifiesta su asombro y desconcierto en relación a la celeridad de los allanamientos realizados durante el día de hoy en las instalaciones del gremio, a raíz de una causa que impulsó la fiscalía federal de Guillermo Marijuán.

Estas acciones se realizaron a pocas horas de haberse producido el sorteo del juzgado que debe actuar, finalmente el de Marcelo Martínez de Giorgi, como consecuencia de una denuncia de un particular anónimo. En esa presentación  se alude a un supuesto listado de afiliados, cuya confección final depende de la Secretaría de Organización, a cargo de Ramón Muerza, hoy opositor.

Se trata, ni más ni menos, que de distintas maniobras para intentar judicializar las elecciones del gremio, y que buscan entorpecer y retrasar su normal desarrollo, para que se elijan las autoridades de manera democrática.

Como es de público conocimiento, el día miércoles 11 de julio, con la presencia de más de 5 mil afiliados, se realizó la Asamblea Extraordinaria que contó con el control del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con la presencia de sus cinco veedores que certificaron su realización, y del Ministerio de Seguridad de la Nación, garantizando también la seguridad del evento. A partir de esa asamblea, se determinó la Junta Electoral.  Fue una muestra viviente del gran espíritu democrático con el que vivimos los trabajadores del sindicato de comercio, y que un sector opositor minoritario, hoy intenta frenarlo.

En cuanto al capítulo judicial, es nuestra obligación aclarar que ha sido el propio SEC quien actuó penalmente, de manera preventiva y con anterioridad a la aparición de la presentación anónima.  

El Sindicato presentó el 26 de junio del corriente una denuncia ante Juzgado Criminal y Correccional Nro. 56, causa 38.371/18, con la existencia de elementos apócrifos, como falsos carnets, con la intención de ser utilizados en la próxima elección de autoridades.

Además, al tomar conocimiento de la causa que tramita la fiscalía federal, se solicitó la realización de una pericia informática sobre un pen drive aparentemente entregado por los denunciantes anónimos, para determinar el IP desde donde fue grabado el contenido.  

Asimismo, con el propio objeto de evitar posibles fraudes, se hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para que este organismo arbitre las medidas necesarias a los fines de facilitar la identificación de los afiliados durante el proceso electoral. A partir de entonces, el ministerio dictó una resolución obligando a los afiliados al uso de carnet y DNI, modalidad que ya se aplicó durante la realización de la Asamblea celebrada en Parque Norte.

Esta conducción se ve en la obligación de ratificar, una vez más, su convicción democrática y su total colaboración ante toda autoridad competente que, de modo efectivo, esté abocada al esclarecimiento de hechos que, de modo evidente, están destinados a entorpecer el proceso comicial.

Buenos Aires, 13 de julio de 2018